Cámara Nacional del Maíz Industrializado

27 julio, 2016

Bayer supera expectativas de ganancias en 2T

Filed under: Noticias — cnmaiz @ 12:08 pm

Bayer, que busca adquirir al gigante estadounidense de semillas Monsanto, superó las expectativas de ganancias en el segundo trimestre y elevó sus previsiones en el año, ya que las fuertes ventas de su medicamento para evitar ataques cardíacos Xarelto compensaron la debilidad en el sector de pesticidas agrícolas.

Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), ajustadas por items extraordinarios, subieron un 5.7%, a 3,050 millones de euros (3,350 millones de dólares), por encima de las estimaciones promedio de un beneficio de 2,900 millones de euros en un sondeo de Reuters.

El grupo alemán de fármacos y productos químicos, creador de la aspirina y las píldoras anticonceptivas Yasmin, dijo que espera que el EBITDA antes de items extraordinarios aumente en un porcentaje de un sólo dígito alto, donde había proyectado un avance de un solo dígito medio.

Xarelto, que compite con medicamentos para prevenir la formación de coágulos de sangre como Squibb de Bristol Myers y Eliquis de Pfizer, registró un aumento en sus ventas de 30% excluyendo fluctuaciones cambiarias a 703 millones de euros, muy por encima de las previsiones.

Las ventas de Eylea, el medicamento desarrollado conjuntamente con Regeneron que ayuda a detener la pérdida de la visión en ancianos, también excedieron las perspectivas del mercado.

Pero Bayer también ha sido impactado por los bajos precios de productos agrícolas como el trigo y el maíz, lo que ha alentado a los productores a reducir el uso de pesticidas al mínimo. El rival Syngenta dijo la semana pasada que el exceso de lluvias en Europa, entre otros factores, ha impedido que los agricultores usen pesticidas.

El EBITDA ajustado en la unidad Crop Science de Bayer cayó 8.2% a 663 millones de euros, peor de lo esperado.

Bayer destacó la semana pasada el débil desempeño de Monsanto al aumentar una oferta de compra a 64.000 millones de dólares que fue rechazada por el directorio de la firma estadounidense.

REUTERS, El Economista

http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2016/07/27/bayer-supera-expectativas-ganancias-2t

 

TLCAN se modernizaría con contenido del TPP: SE

Filed under: Noticias — cnmaiz @ 11:58 am

De no ser aprobado el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), parte de su contenido servirá para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

“Si por alguna razón específica el TPP no llega a concretarse, por decir un escenario, claro que vamos a vernos en la necesidad de modernizar el TLCAN”, dijo el funcionario.

De acuerdo con declaraciones emitidas recientemente por el representante comercial de Estados Unidos, Michael Froman, la administración de Barack Obama considera que un escenario óptimo para la aprobación del TPP sería entre noviembre y diciembre próximos una vez concluida la elección presidencial, en lo que se conoce como periodo de sesiones lame duck.

Adicionalmente a la diversidad de su membresía, el TPP prevé mayor profundidad en las disciplinas comerciales tradicionalmente incluidas en este tipo de instrumentos, como acceso a mercado de bienes y servicios, inversión, propiedad intelectual, obstáculos técnicos al comercio, reglas de origen, compras de gobierno, comercio transfronterizo de servicios, solución de controversias, entre otros.

Además, contiene disposiciones de nueva generación, en temas tales como: empresas del Estado, ambiental, laboral, comercio electrónico, anticorrupción, pequeñas y medianas empresas, competitividad, coherencia regulatoria y desarrollo, que no habían sido consideradas en acuerdos anteriores.

“Los tres países estamos modernizando (vía TPP) el TLCAN. Pero en el escenario que ese acuerdo (el TPP), por x, y o z, prolongue demasiado su aprobación en alguno de los países, o no entre rápidamente su instrumentación, pues claro que es en el interés de las naciones de la región del TLCAN de darle una modernización a nuestro acuerdo”, agregó Guajardo.

El TPP, un tratado de libre comercio, se firmó el 4 de febrero por los ministros de comercio de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Aún falta su ratificación por los respectivos congresos.

“El TPP es un acuerdo de nueva generación, una plataforma que es el acuerdo más importante hasta hoy.

Lo fue el TLCAN en el siglo XX y el TPP es el siglo XXI”, dijo Guajardo.

En un reporte, CI Casa de Bolsa previó que en el caso de que Trump gane la Presidencia, habría pocas probabilidades de que pueda hacer cambios a los acuerdos comerciales que Estados Unidos tiene firmados, como el TLCAN.

En el caso hipotético de que renuncie al TLCAN, Estados Unidos es una economía abierta a los mercados globales, con aranceles prácticamente en 0% para todos los bienes, por las cláusulas establecidas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

ROBERTO MORALES, El Economista

http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/07/27/tlcan-se-modernizaria-contenido-tpp-se

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Planta de Nestlé en Silao ahorra el 70% de energía

Filed under: Noticias — cnmaiz @ 11:47 am

En el marco de la presentación del Tercer Informe de Creación de Valor Compartido de Nestlé México, la empresa aseguró que la nueva fábrica de alimentos para mascota Nestlé Purina, ubicada en Silao, Guanajuato, cuenta con tecnología que ayuda a ahorrar el 70 por ciento del consumo de energía eléctrica y se dejan de emitir 250 toneladas de CO2, lo que equivale a sembrar 25 hectáreas de árboles. La construcción de esta fábrica en Guanajuato implicó una inversión de 220 millones de dólares y la creación de 200 nuevos empleos directos y mil indirectos, en donde los jóvenes representan el 70 por ciento de las nuevas contrataciones. Nestlé México también anunció que las operaciones de sus 14 fábricas en el país tendrán el atributo Cero Residuos, es decir, que los desperdicios de la producción no serán enviados a rellenos sanitarios sino serán valorizados e incorporados a un nuevo ciclo productivo.

A partir de agosto, las operaciones de nuestras 14 fábricas en el país no generarán desperdicios”, aseguró Marcelo Melchior, presidente ejecutivo de Nestlé México. “Cabe destacar que la reducción de residuos que hemos logrado en los últimos diez años es equivalente a la generación de desperdicios de cinco días en la Ciudad de México”. Un ejemplo de la reutilización de residuos es la caldera de biomasa en la fábrica de cafés, donde se utilizan los residuos del café como fuente de combustión interna. “Esta caldera abastece más del 50 por ciento del vapor necesario en el complejo de Toluca y reduce 30 por ciento del requerimiento de gas.”

Redacción, El Financiero

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/planta-de-nestle-en-silao-ahorra-el-70-de-energia.html

 

CNTE libera vías del tren en Michoacán

Filed under: Noticias — cnmaiz @ 11:38 am

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) liberaron este miércoles las vías del tren que conducen al puerto de Lázaro Cárdenas. También las vías de Uruapan, Paracho, Yurécuaro, Pátzcuaro, Maravatío, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Los Reyes, Arteaga y Coahuayana. Los profesores dijeron que se trata de una tregua, -una semana-, con la finalidad de que el gobierno federal responda favorablemente a su demanda de revisar la reforma educativa.

Los integrantes de la CNTE advirtieron que si no se avanza en la mesa de negociaciones con la Secretaría de Gobernación volverán a tomar las vías ferroviarias. Este miércoles, la empresa ferroviaria Kansas City Souhtern empezó a movilizar miles de toneladas de mercancías que estaban varadas en el puerto de Lázaro Cárdenas desde hace ocho días. Las pérdidas por los bloqueos de la CNTE se estiman en más de mil millones de pesos.

Arturo Estrada, El Financiero

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cnte-libera-vias-del-tren-en-michoacan.html

 

Bloqueos a vías podrían paralizar a partir de agosto producción de acero en Michoacán

Filed under: Noticias — cnmaiz @ 11:31 am

La producción de acero se detendrá la primera semana de agosto si continúan los bloqueos a las vías ferroviarias en Michoacán, advirtió este martes la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).

Los bloqueos a las vías ferroviarias están afectando gravemente el suministro de materias primas para la industria siderúrgica, poniendo en riesgo la continuidad de los procesos productivos de varias empresas del sector, dijo en un comunicado este martes la organización empresarial que agrupa a más de 50 firmas, entre ellas ArcelorMittal México, Altos Hornos de México, Autlán y Tenaris.

Abundó que el problema de las movilizaciones y los blo- queos afectará la producción hasta de 7 millones de toneladas de acero este año, y además impide el transporte de más de 20 mil toneladas al día de mineral de hierro y chatarra, que son materias primas básicas y fundamentales para la fabricación de acero.

Los bloqueos también obstaculizan la entrega de productos finales de acero y el abasto de planchones de acero desde Lázaro Cárdenas, que sirven de materia prima a varias plantas de laminación en el país.

De continuar el bloqueo de vías férreas, la producción de acero en algunas plantas siderúrgicas se paralizaría a partir del próximo 4 de agosto, y afectará los sectores automotriz, línea blanca, metalmecánico y construcción, además de las implicaciones para más de 17 mil empleados y contratistas, advirtió la Canacero, tras indicar que hasta este martes las afectaciones al sector rebasan los 700 millones de pesos y tenderá a aumentar”.

La Canacero explicó que empresas del sector enfrentan problemas de logística para las exportaciones y reportan cancelación de pedidos, ante la falta de certeza sobre los tiempos de entrega de productos.

La paralización del sistema ferroviario en Michoacán pone en serio riesgo la continuidad operativa de diversas empresas del sector, con impacto a las cadenas de suministro de industrias enteras y afectaciones al empleo de miles de trabajadores, insistió el organismo.

Bajío: daños al sector automotriz

Este martes, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles alertó también que los bloqueos carreteros y ferroviarios en Michoacán paralizarán la industria automotriz asentada en el Bajío.

Para la Canacero, la situación del sector siderúrgico es grave y solicitó a los gobiernos federal y de Michoacán todas las acciones que estén a su alcance para poner fin a un problema que afecta cada vez más la competitividad de México y a miles de ciudadanos.

Reconocemos la trascendencia de la reforma educativa para el futuro y el mejoramiento del nivel de vida de todos los mexicanos. Aun cuando respetamos la libertad de expresión, nos oponemos a cualquier acto que violente los derechos de los ciudadanos en aras de demandas específicas de un grupo de interés, como es la CNTE, dijo la Canacero.

Julio Reyna Quiroz, La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/27/economia/027n2eco

 

 

Que reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, recibida del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de julio de 2016

Filed under: Noticias — cnmaiz @ 11:12 am

El que suscribe, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral duodécimo del acuerdo parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la formación del orden del día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 1995 se reformó el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de permitir la participación de la iniciativa privada en la industria ferrocarrilera. A partir de ese momento, la realidad del transporte ferroviario en el país se ha transformado y el papel del Estado se ha reducido a regular el sector, operado a través de concesiones otorgadas a particulares.

Durante este periodo, los ferrocarriles mexicanos han mostrado un importante avance, particularmente en lo referente al servicio de transporte de carga, con un servicio de mayor calidad, rapidez y eficiencia. Si bien el servicio de transporte de pasajeros se encuentra prácticamente abandonado, el crecimiento del transporte de carga ha permitido que el sector se mantenga activo y en proceso de expansión.

Para garantizar que se mantenga este desarrollo, es necesario proveer de condiciones que le den certidumbre al usuario del servicio de transporte de carga a través de ferrocarril, para lo cual se deben mantener tarifas trasparentes que le permitan realizar previsiones de mediano y largo plazos.

Planteamiento del problema

En los últimos años, el tipo de cambio del dólar ha aumentado de manera drástica, pasando de 12.76 pesos por dólar el primero de diciembre de 2012 a 18.60 el 1 de junio de 2016. Esto significa un aumento en el tipo de cambio de casi cincuenta por ciento en un lapso de sólo cuatro años.

La volatilidad en el tipo de cambio del dólar, coloca en una delicada situación a las personas y empresas que dependen del servicio de transporte de carga por ferrocarril, debido a que las cotizaciones de transporte se realizan en muchas ocasiones en dólares, lo cual puede aumentar de manera drástica sus gastos en este rubro.

La presente iniciativa propone que los permisionarios o concesionarios tengan la obligación de expresar todas las tarifas de servicios ferroviarios en moneda nacional. El artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, señala que los concesionarios y permisionarios podrán fijar libremente sus tarifas y sólo deberán de registrar sus tarifas máximas ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Si bien, esto permite que las tarifas sean establecidas sin restricciones, en la práctica esto se ha traducido en que algunos prestadores del servicio de transporte de carga, realicen sus operaciones en dólares, lo cual coloca en una situación de incertidumbre al usuario de éste servicio, pues como se ha señalado el tipo de cambio ha tenido importantes variaciones en lapsos muy cortos.

Pese a que la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos expresa que la moneda extranjera no tendrá curso legal en la república y, por tanto, todas las operaciones de pago deberán realizarse en pesos mexicanos, ello no significa que las tarifas no puedan ser fijadas en moneda extranjera; es decir, el permisionario o concesionario puede establecer sus tarifas en dólares, y sobre el usuario del servicio recae la obligación de pagarlas en su equivalente en moneda nacional.

Los constantes aumentos en los precios del transporte debido a tarifas fijadas en dólares, podrían desincentivar al usuario a hacer uso del transporte de carga a través de ferrocarril y conducirlo a buscar otras opciones para realizar el traslado de sus mercancías. Esto podría llevar a un desaceleramiento de la industria ferroviaria, e impedir que alcance sus previsiones de crecimiento.

Al establecer que las tarifas deben ser fijadas únicamente en moneda nacional, el usuario tiene en todo momento seguridad y certidumbre para realizar sus envíos a través del servicio de transporte ferroviario de carga, lo cual le permite tomar decisiones a largo plazo. Por otra parte, el sistema ferroviario se ve beneficiado de mantener a sus usuarios actuales y atraer a nuevos con tarifas competitivas.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad y permanencia. Las tarifas deberán expresarse siempre en moneda nacional.

Los concesionarios registrarán previamente ante la Agencia, para su puesta en vigor, las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario y a la prestación de los servicios diversos, atendiendo a las características específicas de cada servicio, debiendo publicarlas en medios electrónicos. Se exceptúan de lo anterior, aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre concesionarios y usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Agencia.

Para el caso de los servicios diversos, además de las tarifas aplicables a los mismos y cualquier otro cargo, los concesionarios deberán registrar ante la Agencia el catálogo de dichos servicios y cargos, y sus reglas de aplicación, pudiendo la Agencia, en cualquier momento, solicitar información adicional respecto de la determinación de dichas tarifas.

Cualquier modificación a las tarifas máximas de servicios diversos y cargos deberá ser registrada ante la Agencia antes de su aplicación, debiendo el concesionario acompañar la justificación correspondiente.

La Agencia podrá emitir recomendaciones respecto de los incrementos propuestos. Asimismo, la Agencia podrá, en cualquier momento, en caso de estimarlo conveniente, solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica para que proceda en términos de sus facultades.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contarán con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a las demás disposiciones administrativas que posibiliten la materialización de éste.

Sede de la Comisión Permanente, a 20 de julio de 2016.

Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Transportes. Julio 20 de 2016.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, recibida de los diputados Rocío Nahle García y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de julio de 2016

Rocío Nahle García y Renato Josafat Molina Arias, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario Morena en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 6, 9, 10, 12 Bis, 14, 16, 30, 35 fracciones II, III y IV, 35 Bis fracción I del párrafo sexto, 36, 37, 40, 42 y se adicionan los artículos 11, 12 Ter y un artículo 28 Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El concepto “delincuencia organizada” fue empleado por primera vez por el criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivas provenientes de la mafia.

Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra “organizada”, ya que se refiere a la “asociación”, a la “sociedad”, a la “corporación”, al “grupo”, al “sindicato”, a la “liga”, al “gremio”, a la “coalición”, en sí a la “unión”, como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.

La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de “alianzas y vínculos” que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar; con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad.1

En cuanto a su estructura como grupo, la delincuencia organizada opera a través de células con órganos de dirección y mando, estos grupos delincuenciales permanecen en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros; en muchas ocasiones para ejecutar sus actos emplean sicarios y tienden a corromper a las autoridades.

El problema de la delincuencia organizada comenzó a crecer exponencialmente a nivel internacional, por lo que en nuestro país, que no se encontró ajeno a este fenómeno delictivo, se reconoció la necesidad de contar con instrumentos legales para enfrentarlo, así “fue en el año de 1993 cuando por primera vez, a través de una reforma constitucional a diversos artículos, entre ellos al 16, en su entonces párrafo séptimo, referente al plazo máximo que podrá ser retenido el indiciado, se introdujo el término delincuencia organizada. Con motivo de la adición a la Ley Fundamental del término delincuencia organizada y de la reforma constitucional a los artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1996, el legislador ordinario presentó la iniciativa de ley en materia de delincuencia organizada…”2

Así el 7 de noviembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, “el objeto principal por el que fue creada la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, fue para conformar un conjunto de reglas jurídicas encaminadas a para perseguir, procesar y sancionar a los miembros que pertenezcan a bandas dedicadas a delinquir en forma organizada, especificando los rasgos característicos de los delitos con los que se relaciona, y puntualizando que su ámbito de aplicación será para todo el territorio de la República, es decir, con carácter federal, cuyas disposiciones serán de orden público por afectar considerablemente a toda la sociedad”3

Mientras tanto en el ámbito mundial continuaron los esfuerzos de la comunidad internacional por contar con un instrumento para combatir la delincuencia organizada: “De esta forma, del 21 al 23 de noviembre de 1994 se realizó en Nápoles, Italia, la Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Transnacional Organizada, en la cual se aprobaron la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles, documentos que inspiraron las negociaciones de una convención internacional en esta materia.

Después, y con base en la Declaración de Nápoles, la Asamblea General de la ONU emitió las resoluciones 53/111 y 53/114, ambas de diciembre 9 de 1998, por las que se decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta, con la finalidad de elaborar una convención internacional contra la delincuencia organizada transnacional y de examinar la preparación de instrumentos internacionales que abordaran los problemas de la trata de mujeres y niños, la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y el transporte ilícito de migrantes…”4

“Los anteriores esfuerzos se concretaron cuando la Asamblea General emitió la resolución número A/RES/55/25 de 15 de noviembre de 2000, por virtud de la cual adoptó la propuesta de Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la que México firmó el 13 de diciembre de 2002 y entró en vigor en nuestro país el 29 de septiembre de 2003, previos los trámites constitucionales y legales.”5

La citada convención, conocida también como “Convención de Palermo”, consta de 40 artículos, en el 2o. se establecen una serie de definiciones, entre ellas la de grupo delictivo organizado: Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU como resultado del Examen Periódico Universal realizado a nuestro país en 2009 expresamente recomendó al Estado mexicano promulgar una definición de delincuencia organizada que fuese compatible con la contenida en la Convención de Palermo, toda vez que el referido Consejo a partir de esta evaluación consideró que la definición vigente que se encuentra prevista en el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es ambigua, dando lugar a que miembros de movimientos sociales o políticos puedan llegar a ser acusados de pertenecer al crimen organizado: “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada..”

En efecto al analizar ambas definiciones se advierte que en el caso de la prevista en la Convención de Palermo se hace referencia al elemento de la obtención de “un beneficio económico u otro beneficio de orden material” como uno de los principales supuestos para que un grupo que delinque sea considerado como grupo delictivo organizado; mientras que en la definición vigente en la ley federal contra la delincuencia organizada no se hace ninguna referencia a ese elemento mismo que consideramos tendría efectivamente que estar presente en un grupo delictivo, para ser calificado como delincuencia organizada.

Dentro de la doctrina encontramos definiciones de delincuencia organizada que coinciden en considerar la obtención de un beneficio económico como finalidad del grupo delictivo:

  • Para Moisés Moreno Hernández, el crimen organizado ha sido conceptualizado como una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de estructuras tan complejas, ordenadas y disciplinadas como las de cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con gran rigidez. Se caracteriza porque sus acciones no son impulsivas, sino más bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de ganar control sobre diversos campos de actividad y así amasar grandes oportunidades de dinero y de poder real; su pretensión no es tanto el poder político, el cual le interesa, más para propósitos de protección.
  • Para Jesús Zamora Pierce, la delincuencia organizada ha de estar orientada, entre otros, por los siguientes criterios; la unión de varios delincuentes dentro de un grupo permanente, jerárquicamente estructurado, con finalidades de lucro, mediante la comisión de delitos que afecten bienes fundamentales de los individuos y de la colectividad, y que a su vez, alteren seriamente la salud o seguridades públicas.
  • Para Álvaro Bunster Briseño, delincuencia organizada es la reiteración de acciones delictivas enderezadas a lucrar con la apertura, mantenimiento y explotación de mercados de bienes y servicios, efectuadas por grupos de personas dispuestas en una estructura jerárquica, dotada al efecto de recursos materiales y de redes especialmente ilimitadas de operación.
  • Para Fernando Gómez Mont, la delincuencia organizada debe orientarse entre otros por los siguientes criterios: el carácter permanente de sus actividades delictivas, su carácter lucrativo, el grado de complejidad en su organización, que su finalidad asociativa consiste en cometer delitos que afecten bienes jurídicos fundamentales de los individuos y la colectividad y que a su vez alteren seriamente la salud o la seguridad pública.
  • Para Eduardo Andrade Sánchez, crimen organizado es la asociación de individuos o de grupos que tienen una disciplina, una estructura y un carácter permanente, que se perpetúa por sí mismas y que se combinan conjuntamente para el propósito de obtener ganancias o beneficios monetarios o comerciales, empleando de manera parcial o total medios ilegales y que protegen sus actividades mediante la aplicación sistemática de prácticas corruptas.6

Por lo anterior proponemos que se modifique la definición de delincuencia organizada contenida en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para armonizarla con la prevista en la Convenció de Palermo introduciendo el elemento referido a la necesaria persecución de la obtención de un beneficio de índole económico o material por parte de los grupos delincuenciales para así ser considerados como delincuencia organizada.

Evitando así que líderes o integrantes de movimientos sociales o políticos puedan llegar a ser acusados de pertenecer a la delincuencia organizada.

Por otra parte en el artículo 11 se dispone que a los agentes de las fuerzas del orden público que participen en investigaciones en materia de delincuencia organizada se les podrá proporcionar una nueva identidad, dotándolos para tal efecto de la documentación correspondiente, lo cual es correcto y necesario por lo delicada que resulta su participación en estas investigaciones, con motivo de las cuales puede inclusive estar en riesgo su vida o su integridad física.

Con el ánimo de dotarles de una mayor protección se propone que además de la posibilidad de otorgarles una nueva identidad a estos agentes de las fuerzas del orden público, también se pueda contemplar expresamente el otorgarles cualquier otra medida de seguridad de las previstas dentro del Programa Federal de Protección a Personas en términos de la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, tales como vigilancia, modo y mecanismos para el traslado de las personas protegidas a distintos lugares, asegurando en todo momento el resguardo de las mismas, custodia policial, personal móvil y/o domiciliaria a las personas protegidas, suministrar a la persona alojamiento temporal, apoyo para trámites personales y aquellos que requiera para cumplir con sus obligaciones, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda, facilitar la reubicación, entendida como el cambio de domicilio y residencia, lugar de trabajo y centro de estudios de la persona.

Inclusive a los agentes encubiertos se les podrían otorgar medidas de protección de asistencia como lo son el tratamiento psicológico, médico y sanitario en forma regular y necesaria, a través de los servicios de asistencia y salud pública, velando en todo momento por el resguardo y protección de las mismas.

En este sentido el apoyo psicológico durante y después de la misión de manera periódica resultaría imprescindible, de ahí la intención de que se modifique este artículo para que de manera expresa se considere el otorgamiento de las referidas medidas de protección tanto de asistencia como de seguridad para los agentes de las fuerzas del orden público que participen en investigaciones en materia de delincuencia organizada.

Siguiendo este orden de ideas en el artículo 14 se dispone que las personas que rindan testimonio en contra de alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada deberá, a juicio del agente del Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad, lo cual se estima correcto y necesario, por el riesgo en el que se pueden encontrar testigos en investigaciones que se realicen sobre delincuencia organizada.

Por ello se propone que además de esta medida también se pueda considerar expresamente el otorgarles otras de las previstas dentro del Programa Federal de Protección a Personas en términos de la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, tales como La salvaguarda de la integridad personal en los siguientes aspectos: a) Físico. b) Psicológico. c) Patrimonial. d) Familiar; vigilancia; modo y mecanismos para el traslado de las personas protegidas a distintos lugares, asegurando en todo momento el resguardo de las mismas; custodia policial, personal móvil y/o domiciliaria a las personas protegidas; suministrar a la persona alojamiento temporal o los medios económicos para transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites personales y aquellos que requiera para cumplir con sus obligaciones, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, etcétera.

Resulta importante que los testigos tengan la confianza suficiente para coadyuvar con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y del enjuiciamiento, en este sentido requieren tener la certeza de que estarán debidamente protegidos ante prácticas intimidatorias y ante los daños que pudiesen tratar de infligirles los grupos delictivos con la finalidad de disuadirles de que cooperen o bien castigarles por hacerlo. A partir de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas apropiadas para impedir la intimidación, coerción, corrupción o lesiones corporales de los testigos, por ello en esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada cabe perfectamente el puntualizar que estos testigos podrán contar con una protección amplia en términos de la legislación aplicable.

La protección, auxilio, cuidado, tratándose de delincuencia organizada, puede otorgarse en conjunto a servidores públicos encargados de la procuración, administración y ejecución de la justicia, así como a testigos o víctimas, y en sí a cualquier persona que pueda ser objeto de represalias, dada su participación en un procedimiento penal relacionado con la investigación de la delincuencia organizada.7

En cuanto al tema del arraigo regulado en el capítulo cuarto del Título Segundo, el suscrito comparte la preocupación de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que dicha medida constituye una forma de detención arbitraria y que viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, así como las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo y que además, amplía las posibilidades de una persona de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Si bien es cierto que en nuestra Carta Magna se encuentra prevista la figura del arraigo, ello no implica que ésta sea constitucional, la figura del arraigo es violatoria de derechos fundamentales previstos en el propio texto constitucional y en diversos tratados internacionales, como ya se expresó diversos organismos internacionales han hecho manifiesta su preocupación por que el arraigo continua presente en nuestra legislación, ante lo que se han emitido recomendaciones para que se elimine de nuestro sistema jurídico

El Comité contra la Tortura de la ONU señaló en su informe de Conclusiones y Recomendaciones a México el 7 de febrero de 2007:

  1. Al Comité le preocupa la figura del arraigo penal que, según la información recibida, se habría convertido en una forma de detención preventiva con el uso de casas de seguridad (casas de arraigo) custodiadas por policías judiciales y agentes del Ministerio Publico, donde se pueden detener indiciados durante 30 días –hasta 90 días en algunos Estados– mientras se lleva a cabo la investigación para recabar evidencia, incluyendo interrogatorios. Aun cuando el Comité toma nota con satisfacción de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2005 en la que se declara inconstitucional la .figura del arraigo penal, le preocupa sin embargo que la decisión judicial se refiere únicamente al Código Penal del Estado de Chihuahua y carecería de eficacia vinculante para los tribunales de otros Estados.

El Estado parte debe, a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal así como a nivel estatal.8

Asimismo, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes observó y recomendó lo siguiente en el párrafo 238 del informe sobre su visita a México:

  1. El Subcomité para la Prevención de la Tortura considera que la figura jurídica del arraigo puede llegar a propiciar la práctica de la tortura al generar espacios de poca vigilancia y vulnerabilidad de los arraigados, quienes no tienen ninguna condición jurídica claramente definida para poder ejercer su derecho de defensa. El Subcomité para la Prevención de la Tortura recomienda la adopción de medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza para evitar que la práctica del arraigo genere situaciones que puedan incidir en casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes.9

Por su parte el Comité de Derechos Humanos de la ONU, derivado del Quinto Examen Periódico realizado a nuestro país, recomendó lo siguiente:

  1. El Comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del “arraigo” en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, que prevé la posibilidad de detener a una persona sin cargos durante un máximo de 80 días, sin ser llevado ante un juez y sin las necesarias garantías jurídicas según lo prescrito par el artículo 14 del Pacto. El Comité lamenta la falta de aclaraciones sobre el nivel de las pruebas necesarias para una orden de “arraigo”.

El Comité subraya que las personas detenidas en virtud del “arraigo” corren peligro de ser sometidas a malos tratos. (artículos 9 y 14.)

A la luz de la decisión de 2005 de la Suprema Corte federal sobre la inconstitucionalidad de la detención preventiva y su clasificación como detención arbitraria por el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, el Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la detención por el arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal.10

La regulación que del arraigo se hace en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, carece de la previsión de controles legales y para hacer posible la revisión judicial para verificar como se ejecuta dicha medida. De igual forma tendría que existir alguna disposición que prohíba expresamente la participación castrense en casos de arraigo, ya que en ocasiones éste es llevado a cabo en instalaciones militares. En respuesta a varias solicitudes de información emitidas por organismos defensores de derechos humanos, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Secretaría de Defensa Nacional ha admitido que las instalaciones militares son utilizadas para mantener personas bajo arraigo.

Por ello y en tanto se elimina la figura del arraigo del texto constitucional, se propone modificar el párrafo segundo del artículo 12 Bis para precisar que la solicitud de la medida de arraigo sólo pueda realizarse por escrito y adicionar un tercer párrafo al artículo 12 ter con la finalidad de que la autoridad judicial que concede el arraigo, pueda verificar en cualquier momento que el arraigo se ejecute en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación total, señalándose además de manera expresa que el arraigo no podrá ejecutarse bajo ninguna circunstancia en instalaciones militares.

En lo relativo al tema de Intervención de comunicaciones privadas, el artículo 16, posibilita que el Titular de la Procuraduría General de la República o los servidores públicos en quienes se delegue la facultad puedan solicitar al juez federal, dicha intervención “por cualquier medio”; lo anterior estimamos atenta contra la certeza que debe de existir en un tema tan delicado, ya que pueden quedar en entredicho o no claros los términos en que se solicitó la intervención.

En este sentido el decimotercer párrafo del artículo 16 constitucional dispone, respecto a la solicitud para intervenir comunicaciones privadas, que “…la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.” Para dar cumplimiento con toda certeza a esta disposición constitucional, se estima entonces incorrecto que la referida solicitud pueda realizarse “por cualquier medio”, por ello se propone que la solicitud se realice sólo por escrito, para que así no haya lugar a dudas de los términos en que se está planteando.

Sobre este mismo tema y con la finalidad de tener mayor control sobre un tema tan delicado como lo es el de la intervención de comunicaciones privadas, se propone adicionar un artículo 28 Bis para que al concluir toda intervención, el Ministerio Público de la Federación informe a la autoridad judicial que otorgó la solicitud de intervención, sobre su desarrollo y sus resultados.

En la última reforma a este ordenamiento, su artículo 1o. fue modificado con la finalidad de hacer mención que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada, hasta antes de la mencionada reforma decía “cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada”. Esto es, se cambia el término “miembro de la delincuencia organizada” por “persona que forme parte de la delincuencia organizada”, lo cual es correcto, al ser un término más incluyente, no obstante a lo largo de este ordenamiento encontramos que en varias de sus disposiciones se continúa haciendo referencia a “miembro de la delincuencia organizada” u otros términos como “integrante de la delincuencia organizada”, “sujeto de la delincuencia organizada”, por ello se propone modificar todos aquellos artículos que hacen estas referencias para homologarlas con la establecida en el artículo 1.

Finalmente el artículo 40 dentro de su redacción continua haciendo referencia a los términos “inculpado” y “averiguación previa”, mismos que se propone sean sustituidos por “imputado” y por “investigación” respectivamente.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 2o.; el párrafo primero del artículo 4o.; el párrafo primero del artículo 6o.; el párrafo primero del artículo 9o.; el artículo 10; el párrafo segundo del artículo 12 Bis; el párrafo primero del artículo 14; el párrafo primero del artículo 16; el artículo 30; las fracciones II, III y IV del artículo 35; la fracción I del párrafo sexto del artículo 35 Bis; el artículo 36; el párrafo primero del artículo 37; el artículo 40; el párrafo primero del artículo 42 y se adicionan un séptimo párrafo al artículo 11; un tercer párrafo al artículo 12 Ter y se adiciona el artículo 28 Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada, siempre que dichas conductas tengan por objetivo obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material:

III. …

VII. …

VIII. …

Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo que sean cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada, serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley.

Artículo 4o. Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, a la persona que forme parte de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:

a)…

b)…

a)…

b)…

Artículo 6o. Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se duplicarán respecto de los delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta ley cometidos por personas que formen parte de la delincuencia organizada. La misma regla se aplicará para el delito de delincuencia organizada.

Artículo 9o. Cuando el Ministerio Público de la federación investigue actividades de personas que formen parte de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 10. A solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan datos o medios de prueba que hagan presumir fundadamente que forman parte de la delincuencia organizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará al Ministerio Público de la Federación, a la brevedad posible, la información y documentación que éste le solicite, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 11. …

A los agentes de las fuerzas del orden público, se les podrá proporcionar además cualquier otra medida, tanto de asistencia como de seguridad, de las previstas dentro del Programa Federal de Protección a Personas en términos de la Ley Federal para la Protección de personas que intervienen en el procedimiento penal.

Artículo 12 Bis. …

En la solicitud, se deberán expresar las modalidades de lugar, tiempo, forma, así como las autoridades que lo ejecutarán; la solicitud se realizará siempre por escrito.

Artículo 12 Ter. …

III. …

El juez podrá en cualquier momento verificar que el arraigo se ejecute en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación total. El arraigo no podrá ejecutarse bajo ninguna circunstancia en instalaciones militares.

Artículo 14. Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad personal o la vida de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del agente del Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad inclusive cuando el imputado comparezca ante el juez para la formulación de la imputación; a quienes rindan testimonio también se les podrá proporcionar cualquier otra medida, tanto de asistencia como de seguridad, de las previstas dentro del Programa Federal de Protección a Personas en términos de la Ley Federal para la Protección de personas que intervienen en el procedimiento penal.

Artículo 16. Cuando en la investigación el Ministerio Público de la federación considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas el titular de la Procuraduría General de la República o los servidores públicos en quienes se delegue la facultad podrán solicitar por escrito al juez federal de control competente, la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y necesidad de ésta.

Artículo 28 Bis. Al concluir toda intervención de comunicaciones privadas, el Ministerio Público de la Federación deberá rendir un informe a la autoridad judicial que otorgó la solicitud, sobre su desarrollo y sus resultados.

Artículo 30. Cuando existan indicios razonables, que permitan establecer que hay bienes que son propiedad de una persona que forme parte de la delincuencia organizada, o de que éste se conduce como su dueño, además del aseguramiento previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público de la Federación, bajo su responsabilidad, fundando y motivando su proceder, podrá asegurarlos. Si se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el aseguramiento de inmediato y hacer la entrega de los mismos a quien proceda.

Artículo 35. …

  1. Cuando exista una investigación en la que el colaborador esté implicado y éste aporte antecedentes de investigación para el ejercicio de la acción penal en contra de otras personas que formen parte de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes;

III. Cuando durante el proceso penal, el imputado aporte medios de prueba, suficientes para sentenciar a otras personas que formen parte de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad, y

  1. Cuando un sentenciado aporte pruebas eficaces para sentenciar a otras personas que formen parte de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.

Artículo 35 Bis. …

  1. Jerarquía y número de las personas que formen parte de la delincuencia organizada detenidos;

III. …

Artículo 36. En caso de que existan medios de prueba aportados por persona distinta de quien colabora con el agente del Ministerio Público de la federación, y que impliquen al colaborador en hecho distinto de aquél por el cual presta la colaboración, a solicitud de la representación social de la federación, se le podrán reducir las penas que le corresponderían hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, la información que suministre se encuentre corroborada por otros datos o medios de prueba y sea relevante para la detención y procesamiento de otras personas que formen parte de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el colaborador.

Artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de una persona que forme parte de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República determine.

Artículo 40. Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del imputado, el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la investigación.

Artículo 42. La autoridad deberá mantener recluidos a los procesados o sentenciados que colaboren en la persecución y procesamiento de otras personas que formen parte de la delincuencia organizada, en establecimientos distintos de aquéllos en que estos últimos estén recluidos, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de sentencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Página de la PGR

2 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3788 páginas 16 y 25.

3 Briccet Anaya Luis A. página 347.

4 Ibarrola Nicolín, Eduardo “La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos adicionales. Un nuevo marco de cooperación internacional.” página 139 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/419/13.pdf

5 Uribe Benítez, Óscar. La Convención de Palermo. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. LXI Legislatura Cámara de Diputados. Julio de 2010. Página 17.

6 Bruccet Anaya, Luis A. obra citada páginas 60-62.

7 Ibídem. Página 408.

8 Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura (2007) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2e3ffd18d95b0739c12572b30042el40?Opendocument

9 Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la ONU.

10 Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, Nueva York, 2010, http://www.hchr.org.mx/Documentos/Invitaciones/2010/05/I070510.pdf página 6.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 20 de julio de 2016.

Diputados: Rocío Nahle García (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias.

(Turnada a la Comisión de Justicia. Julio 20 de 2016.)

http://gaceta.diputados.gob.mx/

 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

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Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de bebidas saborizadas, suscrita por Martha Tagle Martínez, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Zoé Robledo Aburto, senadores independiente la primera y del Grupo Parlamentario del PRD los tres restantes, y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de julio de 2016

Quienes suscriben, Armando Ríos Piter, Martha Tagle Martínez, Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 8 numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de bebidas saborizadas, al tenor de la siguiente…

Exposición de Motivos

  1. Antecedentes

El problema del sobrepeso y la obesidad, como un problema de salud pública de carácter multifactorial fue reconocido en la parte tributaria por el Ejecutivo federal al presentar su propuesta de modificaciones legislativas en la materia el 8 de septiembre de 2013 ante esta soberanía.

En concreto, el presidente de la República precisó:

El problema de sobrepeso y obesidad se ha acentuado en México, registrando un incremento significativo en los últimos años. El efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece incluye aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles como: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, así como cánceres de mama, esófago, colon, endometrio, riñón, entre otras.

De igual forma, expuso que la atención a tales enfermedades representa un costo considerable para las finanzas públicas, costo que, incluso, se reconoció en el propio Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, indica:

… la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población, de tal forma que de acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, el costo de la obesidad fue de 67 mil millones de pesos en 2008 y, en caso de no actuar, el costo que implicará en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática.

De acuerdo con información de la Ensanut 2012, de no aplicar intervenciones preventivas o de control costo-efectivas sobre la obesidad y sus comorbilidades, los costos podrían ascender para 2017 a 101 mil millones de pesos.

El propio Ejecutivo federal reconoció que uno de los puntos que dan origen al problema del sobrepeso y obesidad es el consumo de “calorías vacías”. Al respecto, retomando lo señalado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), indicó:

La prevalencia de sobrepeso, obesidad y diabetes ha aumentado con rapidez en México, situación que es provocada, entre otros motivos, por el consumo de bebidas entre las que se incluye a los refrescos como las menos saludables, debido a que proveen excesivas calorías y ninguno o muy escasos beneficios nutricionales.

Otro factor que ha influido en la prevalencia de sobrepeso y obesidad es que las bebidas tienen poca capacidad de saciedad e implican una pobre compensación dietética. Estudios sobre las sensaciones del apetito apoyan la idea de que los líquidos tienen menos capacidad de producir saciedad que los alimentos sólidos.

Derivado de ése y otros aspectos, el presidente de la República señaló y propuso:

Dada la problemática de la alta prevalencia de estas enfermedades y sus impactos, es importante reforzar la implementación de políticas y programas efectivos de prevención de obesidad y diabetes.

En este sentido, cualquier esfuerzo para disminuir los efectos negativos de esta condición y los costos que genera su atención, debe ser analizado no solamente desde una política netamente de salud pública; es por ello que se ha considerado que una medida de carácter fiscal coadyuvaría con los propósitos mencionados.

En este sentido, en la presente iniciativa se propone al Congreso de la Unión gravar con el IEPS, a través del establecimiento a nivel de productor e importador de una cuota específica de 1 peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, dependiendo del rendimiento, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas.

Dicha propuesta se tradujo en una serie de modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios dirigidas a instaurar el gravamen que nos ocupa, esto es, el establecimiento a nivel de productor e importador de una cuota específica de 1 peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, dependiendo del rendimiento, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas.

El IEPS a las bebidas saborizadas de 1 peso por litro fue aprobado en octubre de 2013, en el marco de la discusión de la Reforma Fiscal, y empezó a implementarse a partir del 1 de enero de 2014. Con este impuesto, México se posicionó como uno de los primeros países en América Latina en impulsar un impuesto de ese tipo, como parte de una agenda integral de políticas para afrontar la grave problemática de sobrepeso y obesidad que vive el país.

Dada la importancia de este gravamen, fue declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 515/2014 , en el que entre otros aspectos determinó que dicho impuesto no viola el principio de proporcionalidad tributaria, a saber:

  1. El impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación e importación de bebidas saborizadas tiene como objetivo la disminución en el consumo de dichos productos, sin que el legislador haya realizado distinciones acorde a la aportación calórica de los mismos. Sin embargo, esta Suprema Corte de Justicia no advierte alguna razón por la cual deba exigirse al legislador la imposición de una tarifa acorde a la cantidad de azúcar añadida a las bebidas saborizadas (y los productos de los cuales éstas se extraen), pues del proceso legislativo que dio origen a la medida fiscal sujeta a análisis, no se advierte que el legislador haya considerado que el consumo de ciertos productos deba ser desalentado con mayor intensidad que el de otros, pues lo cierto es que el legislador buscó desalentar el consumo de todas aquellas bebidas saborizadas que contienen cualquier tipo de azúcar (monosacáridos, disacáridos y polisacáridos), que sólo aportan “calorías vacías” al cuerpo y cuyo consumo está íntimamente relacionado con el sobrepeso y la obesidad en la población nacional.
  2. A mayor abundamiento, el diseño de la tarifa fija puede atender a distintas consideraciones tales como los patrones de conducta de los consumidores y el impacto de la medida fiscal en aquéllos, la composición química de los productos y la eficiencia en la fiscalización de los sujetos obligados al pago del tributo. Dichas consideraciones de carácter económico sustentan la deferencia al conocimiento técnico de quienes diseñan políticas fiscales y, en consecuencia, la presunción de validez constitucional de la norma reclamada, misma que no ha sido desvirtuada por la contribuyente recurrente.
  3. Independientemente de lo anterior, es importante destacar que la base del impuesto a las bebidas alcohólicas –con las cuales la contribuyente se pretende comparar– se calcula tomando en consideración el valor de la enajenación o importación de las bebidas o el total de litros enajenados o importados de dichos productos (artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). Lo anterior, pues, como lo sostuvo el juez a quo, en el caso de líquidos, los litros, como unidad de volumen perteneciente al sistema métrico decimal, resulta la forma natural para medir el consumo. De ahí que, a juicio de esta Sala, resulte adecuado que el legislador haya impuesto una tarifa fija que para integrar la base del impuesto, deba ser multiplicada por los litros de bebidas saborizadas y azucaradas que se consuman.
  4. Por todo lo anterior, esta sala concluye que, contrario a lo hecho valer por la quejosa ahora recurrente, el artículo 2, fracción I, inciso G) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no es violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria.

Se aprecia que el diseño legislativo del gravamen a través de una cuota fija no resulta inconstitucional.

Por lo anterior, a juicio del quienes suscribimos este proyecto, el impuesto es una política pública loable que reconoce el problema de salud pública que vive México, causado por los grandes niveles de sobrepeso y obesidad. Pero en consideración de los elevados niveles de consumo de bebidas azucaradas en el país y la gravedad de la epidemia de obesidad y diabetes que confronta el país, se considera que la cuota actual no es suficiente y debe acatarse a las recomendaciones de expertos. Cabe señalar que identificar a las bebidas azucaradas como productos a los cuales es necesario aplicar una medida fiscal para desincentivar su consumo, recae, por una parte, en el hecho de que estas bebidas son fuente de 70 por ciento de los azúcares añadidos que consumen los mexicanos, incidiendo de manera directa en el aumento de peso y enfermedades crónicas.

A continuación se formulan una serie de propuestas que harían más efectivo el cumplimiento tanto fiscal como extrafiscal que persigue la medida, y los resultados que ha dado la implantación del gravamen desde su entrada en vigor.

  1. Resultados de la implantación del impuesto a las bebidas saborizadas

Como se mencionó en el apartado anterior, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de bebidas saborizadas entró en vigor el 1 de enero de 2014 y ha resultado una de las políticas más exitosas dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, y ha logrado un amplio reconocimiento internacional.

En América Latina y en diversas regiones del mundo, se observa y analiza el caso mexicano como uno de éxito, y por lo tanto como un ejemplo para impulsar las medidas fiscales como herramientas para desincentivar el consumo de productos que inciden en el aumento de peso y en diversas enfermedades no transmisibles, como la diabetes, así como para obtener recursos para ser invertidos en programas de prevención y promoción de la salud.

Tal es el caso de Chile, Colombia y otros países en el continente americano, y de diversas ciudades en los Estados Unidos, los cuales se encuentran analizando la posibilidad de implementar un impuesto a las bebidas azucaradas. Otros países en el mundo que contemplan una medida fiscal de este tipo incluyen a la India, Sudáfrica y el Reino Unido. Este último aprobó en marzo de 2016 la implementación de un gravamen a ser implementado a partir de 2018, y que espera recaudar cerca de 520 millones de libras esterlinas (aproximadamente 13 mil 760 millones de pesos); recursos que serán destinados para medidas preventivas de sobrepeso y obesidad, especialmente aquellas dentro del sistema escolar inglés. Más recientemente, en junio de 2016, la ciudad de Filadelfia aprobó un impuesto a las bebidas azucaradas de 1.5 centavos por onza que se estima que dará ingresos a la ciudad por 91 millones de dólares que serán invertidos en expandir el programa de preescolar, así como para renovar parques, centros recreativos y bibliotecas.

A escala internacional se ha impulsado el uso de medidas fiscales como una forma para disminuir el consumo de bebidas azucaradas, no sólo por parte de países, sino también de organismos internacionales. Tal es el caso de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2014, la OPS impulsó un Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia, recomendando la implementación de medidas fiscales para disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y los productos de alto contenido calórico y bajo contenido nutricional, y citando a México como un ejemplo a seguir por otros países.1

En enero de 2016, la OMS, a través de la Comisión para terminar con la Obesidad Infantil, emitió una serie de recomendaciones para prevenir la obesidad en la infancia, entre las cuales destaca la implementación de medidas fiscales para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas, basada en evidencia científica que destaca su efecto positivo en la reducción de su consumo, tomando en cuenta el ejemplo de nuestro país.2

Ahora bien, desde finales de 2015, se han difundido cuatro estudios que analizan el impacto del IEPS a las bebidas saborizadas, de los cuales el único publicado en una revista académica con revisión por pares, que estuvo por tanto sujeto al escrutinio de la revisión científica internacional, y que no fue patrocinado por el sector privado, es el elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos de América,3 que muestra en resumen los siguientes resultados:

  1. Que el impuesto logró reducir en 6 por ciento las compras de bebidas saborizadas (con impuesto) durante 2014, así como un aumento en las compras de bebidas sin impuesto de 4 por ciento (en su mayoría agua embotellada).
  2. Que el efecto fue mayor en la población de menores ingresos, con una reducción en promedio de 9 por ciento, llegando a una reducción de 17 por ciento en diciembre de ese año.

El impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas saborizadas ha demostrado ser una política de vanguardia a nivel regional e internacional, teniendo un impacto positivo en la disminución del consumo, principalmente en aquellos de menores ingresos. De acuerdo con el estudio mencionado, en 2014 el impuesto logró disminuir en 6 por ciento las compras de estas bebidas, cifra que fue disminuyendo gradualmente hasta alcanzar una reducción promedio de 12 por ciento en diciembre de ese año.

Uno de los principales argumentos de opositores a este impuesto es su impacto regresivo, al afectar a los más pobres. Sin embargo, el estudio del INSP precisa que el tercil de ingresos más bajos fue el más beneficiado por el impuesto, dado fue el tercil que más redujo sus compras, en 9 por ciento durante 2014, el cual fue disminuyendo gradualmente hasta alcanzar una reducción promedio de 17 por ciento en diciembre de ese año.

Este dato es particularmente importante dado que el sobrepeso y la obesidad, así como sus efectos directos en daños en la salud, repercuten indiscriminadamente en toda la población, pero los sectores más pobres son los más afectados, pues se ven en la necesidad de pagar una alta cantidad de sus ingresos para cubrir los costos del tratamiento relacionado con estas enfermedades y por la pérdida de productividad.

Dado que el alto consumo de refrescos y bebidas azucaradas en nuestro país se relaciona con enfermedades crónicas y catastróficas, el hecho que el impuesto a estos productos haya reducido su consumo infiere importantes beneficios en sus hábitos y salud.

Finalmente, el otro dato de gran relevancia del estudio es un aumento de 4 por ciento en las compras de bebidas sin impuesto en 2014 en la población general, que en su mayoría se debe a un incremento en las compras de agua simple embotellada.

Adicionalmente, en una revisión realizada por el INSP de los tres estudios que analizan el impacto del impuesto a las bebidas azucaradas, entre los que destacan aquel del Instituto Tecnológico Autónomo de México, El Colegio de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León, se observa una reducción similar en las compras de estas bebidas en 6 por ciento para 2014, y en 8 por ciento para 2015. Este resultado se obtiene después de ajustar los datos presentados en los tres estudios (principalmente datos crudos de ventas de estos productos) a diferentes variables macroeconómicas (como aumento de la población, cambios en la actividad económica, y otros) y a diversos factores que influyen en las compras y el consumo de estas bebidas de manera independiente de los efectos del impuesto. Esto infiere un avance progresivo y efectivo de la política fiscal, y respalda los beneficios de ésta.4

Un estudio publicado recientemente en el blog de la revista científica The Lancet y elaborado por el economista Rajeev Cherukupalli de la Universidad de John Hopkins en los Estados Unidos, llega a una conclusión similar a la del INSP al incorporar únicamente la variable de población en los datos crudos de venta de las bebidas azucaradas en México, en aras de obtener el consumo per cápita de estas bebidas. Dicho estudio concluye que el consumo siguió a la baja en el segundo año de implantación del impuesto. Es decir, el consumo per cápita disminuyó 5.4 litros per cápita entre 2013 al 2014, y 1.1 litros per cápita entre 2014 y 2015.5

En conclusión, como se observa, el impuesto a bebidas edulcorantes ha sido una política efectiva para disminuir y desincentivar su consumo, por lo que en nuestra opinión debe fortalecerse con una visión de largo plazo y de manera integral, y, por tanto, en términos del derecho humano del acceso a la salud, debe convertirse en una medida permanente, que junto con las otras acciones de políticas públicas que forman parte de la estrategia de prevención de la obesidad y diabetes implantada por el gobierno federal, proteja y asegure el derecho a la salud, con énfasis en la población infantil.

III. Derecho a la salud: progresividad y garantía

El artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece:

Cada uno de los Estados parte en el presente pacto se compromete a adoptar medidas tanto como por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que se disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

El artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone:

Desarrollo Progresivo. Los Estados parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

El Comité de Derechos Sociales y Culturales, en la observación 14, sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, indica:

  1. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado período no debe interpretarse en el sentido de que priva de todo contenido significativo las obligaciones de los Estados Partes. Antes al contrario, la realización progresiva significa que los Estados Partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del derecho.

  1. La obligación de cumplir requiere, en particular, que los Estados Partes reconozcan suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó en el Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú:

… si bien el artículo 26 no enumera medidas específicas de ejecución, dejando que el Estado determine las medidas administrativas, sociales, legislativas o de otro tipo que resulten más apropiadas, expresa la obligación jurídica por parte del Estado de encarar dicho proceso de determinación y de adoptar medidas progresivas en ese campo. El principio del desarrollo progresivo establece que tales medidas se adopten de manera que constante y consistentemente promuevan la plena efectividad de esos derechos.

Así, la obligación de progresividad es complementaria a la obligación de garantizar que tiene el Estado, la cual se entiende como el “deber de impedir o hacer todo lo racionalmente posible para impedir que se violen los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado por cualquier persona, pública o privada, individual o colectiva, física o jurídica”. Debe tomarse en cuenta que en este vínculo entre progresividad y garantía de los derechos humanos, el Estado mexicano tiene una responsabilidad activa para dar cumplimiento al derecho a la salud, no basta con “no hacer”, sino es necesario impedir las acciones de terceros que causen una afectación a la salud.

Es de recalcarse que el principio de progresividad lleva implícita, en sí mismo, la prohibición a la regresividad en los derechos, es decir, “la prohibición de adoptar políticas y medidas, y por ende, de sancionar normas jurídicas que empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que goza la población”.6

De ahí que la adopción de medidas que regulen el consumo de bebidas que representan un daño grave a la salud, representa la progresividad en el derecho; por su parte, no adoptarlas, significa empeorar la situación del derecho a la salud, no porque se adopten medidas que contravengan este derecho, sino porque las afectaciones que se están haciendo al derecho a la salud no son estáticas, van en aumento. Tomar una posición neutra sobre un fenómeno social dinámico de ninguna forma representa progreso.

Por tanto, pensar en un aumento al impuesto especial sobre producción y servicios representa un avance progresivo en la protección del derecho a la salud, que si bien debe ir de la mano con las políticas públicas, instituciones y demás normatividad que protege el efectivo acceso a este derecho, forma parte de las acciones integrales que el Estado mexicano se ha comprometido en el marco de diversos tratados regionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Adoptar un marco legal óptimo que permita una mayor efectividad en el ejercicio de este derecho por una cantidad significativa de la población, representa un primer paso en el progreso hacia el cumplimiento amplio y eficaz del derecho a la salud.

No debe perderse de vista que las obligaciones del Estado respecto al derecho a la salud son “proteger” y “garantizar” el acceso efectivo a este derecho, lo que implica

  • Proteger: “Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros injieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes”.7
  • Garantizar: “La obligación supone el deber de impedir o hacer todo lo racionalmente posible para impedir que se violen los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado por parte de cualquier persona, pública o privada, individual o colectiva, física o jurídica”.8

Para “garantizar” el derecho a la protección a la salud, en particular, hay que considerar:

  • El libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 9
  • El Estado tiene la obligación de establecer medidas integrales para garantizar el correcto respeto a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud.
  • Un problema socialmente importante requiere de una adecuada regulación jurídica a efecto de lograr alcanzar el propósito de mantenimiento o recuperación del bienestar general de la población.10

De ahí que no sea suficiente con que el Estado genere o aumente políticas públicas que tengan como objetivo prevenir la obesidad o la diabetes, en este caso de carácter tributario, sino que es necesario que el Estado tenga un marco jurídico de protección adecuado, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención óptimas.

Actualmente, el Estado se ha limitado a realizar leyes que se ven sobrepasadas por problemas de salud tales como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, mismas que son derivadas del consumo de productos como las bebidas saborizadas, objeto del impuesto referido. Las acciones emprendidas por el Estado hasta ahora no son del todo efectivas, ya que los recursos obtenidos con el IEPS a bebidas saborizadas no se han destinado de manera clara y efectiva a la atención de las enfermedades ocasionadas por el consumo de ese tipo de bebidas.

De esa manera, y dado que las medidas fiscales no son la única solución o una solución aislada en materia de prevención de la obesidad, una gran cantidad de organizaciones sociales y diversos senadores, varios firmantes de la presente propuesta, presentaron el 4 de diciembre de 2014 una iniciativa para la creación de la Ley General para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la Obesidad, con el objetivo de contar con un marco normativo integral para enfrentar esta grave problema de salud pública, y que solicitamos sea dictaminada de manera positiva prontamente.

Respecto al destino de los recursos recaudados, el 22 de septiembre de 2015, se presentó una iniciativa, la cual sigue en discusión en la Comisión de Salud, a fin de crear el fondo para la promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate al sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades crónico-degenerativas relativas, con los recursos obtenidos por el IEPS a las bebidas saborizadas, como una propuesta para garantizar el destino social y el cumplimiento del objetivo social por el cual se aprobó el impuesto: la prevención de la obesidad.

Lo anterior sirve de sustento a las modificaciones que a continuación se describen.

  1. Contenido de la propuesta

La propuesta consiste en i) establecer la cuota específica en un monto de 2 pesos por litro de bebida saborizada, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, dependiendo del rendimiento, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas, y ii) establecer que el monto recaudado se destine a un gasto público especial.

  1. Cuota específica de 2 pesos por litro de bebida saborizada

Se estima que si bien existe un fin recaudatorio en la reforma planteada, que es por definición el que tienen los impuestos, el fin extrafiscal de la misma es el más importante, toda vez que permite adoptar medidas para reducir su consumo y combatir el sobrepeso y obesidad, así como las enfermedades asociadas con su consumo, a través del fortalecimiento de una política impositiva que, como ha quedado demostrado, inhibe el consumo de bebidas saborizadas cuyo consumo aumenta los riesgos de obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas y muerte prematura.

El aumento del impuesto continuará generando mayores beneficios en la disminución de bebidas azucaradas asociadas con un mayor peso y otras enfermedades. De ahí que para cumplir tal objetivo debe configurarse una política impositiva progresiva y que no simplemente implique una introducción de la medida, por lo que se considera que la aplicación de 1 pesos por litro a las bebidas saborizadas no es suficiente para tal fin.

Una reducción de 6 por ciento en el consumo de bebidas asociado con la implementación del impuesto de 1 peso por litro es importante, pero modesto, dados los elevados niveles de consumo de estas bebidas en la población y la evidencia del daño que causan en la salud.

Por ello y a fin de que la medida impositiva propuesta contribuya a una mayor disminución del consumo de bebidas saborizadas y, como consecuencia, que se configure como una forma de combatir el problema de sobrepeso y obesidad que padece la sociedad mexicana, se propone que la cuota se aumente a 20 y se establezca en 2 pesos por litro de bebida saborizada, conforme a las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales.

En efecto, si bien el principal objetivo del impuesto propuesto es desincentivar el consumo de estos productos al estar relacionados con un aumento en los índices de sobrepeso y obesidad, la recaudación que podría generarse con el gravamen sería de aproximadamente 24 mil 910 millones de pesos que permitiría destinarlos a ciertos gastos públicos especiales como más adelante se precisará.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública sobre los diferentes niveles de impuesto a los refrescos, un impuesto de 20 por ciento ayudaría a disminuir el consumo de estas bebidas en aproximadamente 12-18 por ciento y, por tanto, potenciaría el impacto positivo en salud y en materia preventiva. En términos de salud, esta disminución en consumo ayudaría a prevenir entre 800 mil y mil 275 millones de casos de diabetes para 2030, lo que significaría un ahorro de entre 6.4 y 50.9 mil millones de pesos.11

Además, aunque el gasto en alimentos y bebidas como proporción del ingreso es mucho mayor en los hogares de menores recursos que en aquellos con mayores ingresos, el impacto de un impuesto de este tipo puede generar grandes beneficios para estas familias. Dado que el consumo de bebidas azucaradas se asocia con diferentes enfermedades, y por lo tanto en mayor gasto en salud, el reducir su consumo tendrá un efecto positivo, al reducir el gasto de bolsillo en atención médica y salud de las familias de menores recursos. De la misma manera, al destinar los recursos recaudados para un fin social, como es el aumentar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, genera un beneficio social amplio y transversal.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta Soberanía modificar el inciso G), fracción I, del artículo 2o. propuesto, para establecer que el impuesto se calculará mediante la aplicación de una cuota de 2 pesos por litro de bebidas saborizadas y por lo que respecta a concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas que, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener.

  1. Destino de la recaudación de la contribución a un gasto público especial

La reforma propuesta permite proveer al Estado de mayores recursos que permitan al sector salud hacer frente a los gastos que provocan las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad considerando que éste representa una de las principales causas prevenibles de diversas enfermedades, así como para continuar o implementar nuevos programas para la prevención, control y tratamiento de dichos padecimientos.

Es decir, los recursos recaudados del impuesto deben destinarse, en primer lugar, a programas de prevención de la obesidad, priorizando la promoción a la salud, y en segundo lugar, a las acciones de atención de la obesidad mórbida y de las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad.

Algunas propuestas para el destino de los recursos recaudados por impuestos de este tipo se encuentran en el libro “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, en el cual se destaca la importancia de impulsar el uso de los ingresos fiscales a inversiones de carácter progresivo con efectos en la prevención y control de la obesidad; por ejemplo, la inversión en la dotación de agua potable a las escuelas públicas y a las comunidades y hogares en zonas marginadas12

De acuerdo con estimaciones realizadas por la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, el costo de la obesidad ha sido estimado en 67 mil millones de pesos, tomando en consideración los costos directos por la atención médica e indirectos por pérdida de productividad, y se calcula que para el 2017 fluctúe entre los 151 mil millones y 202 mil millones de pesos13 Estas cifras representan un gran obstáculo para la sostenibilidad del sistema de salud en México, lo que infiera un uso eficiente de los recursos existentes, pero también mayores recursos para invertir en acciones de prevención de los factores de riesgo relacionados con el sobrepeso y la obesidad, como es la alimentación inadecuada.

Por ello y considerando que el costo que se genera por los padecimientos asociados al sobrepeso y la obesidad es muy alto para el Estado, se estima necesario que los recursos extraordinarios que se generarían con la reforma planteada se destinen para los fines anteriormente planteados, dado que la inversión actual en prevención resulta insuficiente para afrontar este problema de salud. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016,14 hay sólo dos partidas presupuestales centradas en la prevención de la obesidad, que apenas si suman 352 millones 168 mil 83 pesos, lo que es una cifra pequeña a comparación de los recursos obtenidos por el IEPS a las bebidas saborizadas.

  • Anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, cuyo ramo 12, “Salud”, incluye una partida para prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes por 338 millones 168 mil 83 pesos.
  • Anexo 18, “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes”, cuyo ramo 12, “Salud”, incluye una partida para prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes por 14 millones de pesos.

El destino de los recursos recaudados para un fin específico no implica ninguna violación de índole constitucional, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante jurisprudencia, que las contribuciones destinadas a un gasto público especial no violan el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.

Ello se observa en la jurisprudencia 106/99, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, noviembre de 1999, página 26, que establece:

Contribuciones. Las destinadas al pago de un gasto público especial no violan el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Al establecer el precepto constitucional mencionado que los tributos deben destinarse al pago de los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que resida el contribuyente, no exige que el producto de la recaudación relativa deba ingresar a una caja común en la que se mezcle con el de los demás impuestos y se pierda su origen, sino la prohibición de que se destine al pago de gastos que no estén encaminados a satisfacer las funciones y servicios que el Estado debe prestar a la colectividad. Por tanto, si el producto de la recaudación es destinado al pago de un gasto público especial que beneficia en forma directa a la colectividad, no sólo no infringe, sino que acata fielmente lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal.

En efecto, se considera congruente contar con mayores recursos fiscales que puedan ser canalizados a los rubros que directamente combaten el sobrepeso y la obesidad, dado el problema de salud pública que representa en nuestro país, en este caso, a través del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.

Además, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, estableció implícitamente que el destino de recursos públicos a un gasto especial o específico no resulta contrario a la Constitución:

… la garantía de los gobernados de que los tributos que paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva a que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o de gastos generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca dicha Constitución , ya que de acuerdo con el principio de eficiencia –inmanente al gasto público–, la elección del destino del recurso debe edificarse, esencialmente, en cumplir con las obligaciones y aspiraciones que ese ámbito describe la carta fundamental.

De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, pues es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos , pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman tales necesidades de una persona no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social; (…)

Al respecto, emitió la jurisprudencia del pleno número 15/2009, cuyo rubro y texto establecen:

Gasto público. El principio de justicia fiscal relativo garantiza que la recaudación no se destine a satisfacer necesidades privadas o individuales.

El principio de justicia fiscal de que los tributos que se paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca la ley suprema , ya que de acuerdo con el principio de eficiencia –inmanente al gasto público–, la elección del destino del recurso debe dirigirse a cumplir las obligaciones y aspiraciones que en ese ámbito describe la Carta Fundamental. De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos , pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman necesidades de una persona ello no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social.

Respecto a la de destinar los recursos que se recauden por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a bebidas saborizadas, a financiar las estrategias de prevención de la obesidad y la atención de la obesidad mórbida y de las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad, se estima necesario señalar que tampoco se vulnera la autonomía financiera de las entidades federativas, ya que los recursos que tendrán ese destino específico serán los que resulten después de aplicar el monto participable del mismo, de conformidad con la Ley del Coordinación Fiscal.

En otras palabras, no se propone ninguna “etiqueta” de los recursos que por disposición legal les corresponden y que altere la libertad de gasto que poseen las entidades federativas, demarcaciones políticas y los ayuntamientos, sino simplemente a nivel Federal, con los recursos que corresponden a la federación, se destinen a cumplir el objeto señalado.15

Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que en las Leyes de Ingresos de la Federación de los ejercicios fiscales de 2014 a 2016, se estableciera una disposición transitoria (artículo sexto transitorio) en la que se dispone que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de cada uno de esos años hará un destino específico de los recursos que se recauden por el impuesto que nos ocupa, ya que esto ha sido letra muerta y dichos recursos no han tenido ese fin específico o especial que se propone, y dada la vigencia anual de las leyes de ingresos, en caso de aprobarse la presente iniciativa la disposición relativa a la Ley de Ingresos para 2017 no se incluiría.

Por tanto, los legisladores que presentan este proyecto de reforma, lo hacemos a nombre de diversas coaliciones y organizaciones de la sociedad civil que han sido promotoras de una agenda integral de políticas públicas para la prevención y combate de la obesidad en México, con especial atención de los niños como un sector vulnerable de nuestra sociedad, como la Alianza por la Salud Alimentaria; Coalición Contrapeso; Acción Educativa en Diabetes, Obesidad y Sobrepeso, AC; Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, AC; Anima Naturalis, AC; Asociación Renal Renados, AC; Asociación Mexicana de Diabetes, AC; Comité de Derechos Humanos Ajusco, AC; El Poder del Consumidor, AC; Fundación Interamericana del Corazón México, AC; Fundación Mídete, AC; Mamas Sanas, AC; Pides, AC; Red contra el Cáncer; y The Hunger Project Mexico, AC, que suscribimos ese proyecto.

Con base en lo expuesto, presentamos ante esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de bebidas saborizadas con azúcares añadidos

Único. Se reforma el artículo 2o., fracción I, inciso G), párrafo segundo, y se adiciona un último párrafo al citado artículo, para quedar como sigue:

Artículo 2o. …

  1. G) …

La cuota aplicable será de $2.00 por litro. Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener.

Los recursos que se recauden de conformidad con lo dispuesto por este inciso deberán destinarse, en la misma proporción, al Sistema Nacional de Salud, en apoyo a las diferentes acciones en la materia emprendidas por el Estado mexicano, sin perjuicio de la aplicación previa de las disposiciones en materia de coordinación fiscal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2017, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización Panamericana de la Salud (3 de octubre de 2014). Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia . Disponible en http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=28899&lang=es

2 Organización Mundial de la Salud (enero de 2016). Reporte de la Comisión para terminar con la Obesidad Infantil . Disponible en http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf

3 M Arantxa Colchero, Barry M Popkin, Juan A Rivera, Shu Wen Ng. (24 de noviembre de 2015). Beverage purchases from stores in Mexico under the excise tax on sugar sweetened beverages: observational study . British Medical Journal. Disponible en http://www.bmj.com/content/352/bmj.h6704

4 Instituto Nacional de Salud Pública (2016). ¿Por qué no es posible concluir sobre la utilidad del impuesto a las bebidas azucaradas en México en 2015 usando datos directos de ventas? Disponible en http://www.insp.mx/epppo/blog/4043-compra-venta-bebidas-azucaradas.html

5 Cherukupalli, R. (10 de junio de 2016). Growth rates and aggregates: bringing data to the soda wars . The Lancet Global Health Blog. Disponible en http://globalhealth.thelancet.com/2016/06/10/growth-rates-and-aggregates-bringing-data-soda-wars

6 Abramovich, Víctor y Courtis Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles , primera reimpresión, segunda edición, Trotta, 2014, página 94.

7 Ibídem, página 29.

8 Gros Espiell, Héctor. La Convencio?n Americana y la Europea de Derechos Humanos. Análisis comparativo, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1991, páginas 65-66.

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vela?squez Rodri?guez vs. Honduras, 1988, Corte IDH, sentencia de 29 de julio de 1988. Fondo, serie C, número 4.

10 Charvel, Sofía; y García Sarubbi, David. Derecho y salud públicos. Un análisis de la legislación comparada , Fontamara, México, 2013, página 34.

11 Colchero, M., y otros, Análisis del potencial del impuesto a refrescos en México como una estrategia de prevención de obesidad . Decimoquinto Congreso en Investigación en Salud Pública, 2013.

12 Rivera Dommarco, J., y otros (2012). Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado . Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, página 31.

13 Obra citada, páginas 11-12.

14 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (27 de noviembre de 2015). Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf

15 Lobato Díaz, Juvenal. “Etiquetar los impuestos a los productos de tabaco en México: ¿factible en el marco de la legislación mexicana?”, en Política Pública para el Control del Tabaco en México , Instituto Nacional de Salud Pública, 2013.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente.- Ciudad de México, a 13 de julio de 2016.

Senadores: Armando Ríos Piter (rúbrica), Martha Tagle Martínez (rúbrica), Mario Delgado, Zoé Robledo Aburto (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Julio 13 de 2016.)

http://gaceta.diputados.gob.mx/

 

 

25 julio, 2016

Falló mensaje, dice Monsanto

Filed under: Noticias — cnmaiz @ 10:29 am

Parte del rechazo que la sociedad tiene hacía Monsanto se debe a que los mensajes de la empresa estaban dirigidos al productor, pero dejaban de lado al consumidor, reconoció en entrevista Laura Tamayo, directora de asuntos corporativos de Monsanto Latinoamérica Norte.

“Monsanto, en su tradición agrícola, consideramos apropiado que había que hablarle al agricultor, cometimos el error de no hablarle al consumidor”, afirmó Tamayo.

Explicó que la compañía se enfocó en su cliente directo sin considerar que al consumidor llegaban los alimentos que se producían con sus semillas, mismo que tenía derecho a cuestionarse acerca de lo que comía.

“Desde inicio tenía (consumidor) una pregunta legítima como ninguna: ¿qué me estoy comiendo?, ¿qué me meto al cuerpo? ¿qué hay más personal que la comida? Yo creo que el amor”, consideró la directiva.

Por este descuido, dijo que varias personas tienen una mala impresión de la empresa, principalmente en lo que refiere al tema de los transgénicos.

Un ejemplo es la actual disputa que se tiene en Campeche entre productores de miel y soya.

Mientras que los apicultores argumentan que su producción puede ser contaminada, ya que las abejas polinizarían las plantas de soya transgénica y transportarían residuos a la miel, los agricultores de la oleaginosa dicen que ambas pueden convivir sin problema.

En este caso faltó transmitir información, pues durante la siembra de soya transgénica no se divulgaron datos y aspectos, a la sociedad en general, acerca de los organismos genéticamente modificados.

“Estamos pagando la factura. Estamos cosechando lo que sembramos”, refirió.

Por ello, destacó que la compañía está abierta a conversar y uno de sus canales son las redes sociales como Facebook y Twitter.

Pese a que estas plataformas son básicas en una empresa y actualmente ya son muy populares, para Monsanto son una novedad, pues apenas fueron abiertas en mayo del año pasado.

Tamayo detalló que en las redes existe un contacto más directo donde tienen que hacer frente a varios comentarios negativos.

“Internamente, como compañía, es algo súper novedoso. Estamos completamente fuera de nuestra zona de confort”, afirmó.

Al mes sus redes son visitadas por usuarios que van de los 20 mil a 25 mil, no todos seguidores, pues algunos son críticos derivados de la mala percepción de la empresa y otros son personas que se están informando.

Además del tema de transgénicos, la empresa difunde información como consejos de nutrición o para sembrar.

Laura Tamayo, directora de asuntos corporativos de Monsanto Latinoamérica Norte

“Estamos pagando la factura. Estamos cosechando lo que sembramos”.

Frida Andrade, Reforma

 

 

Granos bajan al disiparse riesgos meteorológicos

Filed under: Noticias — cnmaiz @ 9:48 am

Los precios del maíz, trigo y soya bajaron netamente la semana pasada en Chicago, al alejarse el riesgo de una sequía que pudiera afectar los cultivos en Estados Unidos.

“La naturaleza jugó al gato y al ratón con los inversores en lo que concierne al tiempo”, resumió en una nota Dewey Strickler, de Ag Watch Market Advisors.

Los mercados habían comenzado la semana a la expectativa, preguntándose hasta cuándo durarían en el país las altas temperaturas que se concretaron al aproximarse el fin de semana.

Pero “aunque las temperaturas subieron hasta 37° o 38° en el medio oeste, esto se está interrumpiendo al llegar lluvias a las grandes regiones productoras de Illinois, Iowa y Minnesota”, reportó Bill Nelson, de Doane Advisory Services.

En consecuencia, el riesgo de daños sobre los cultivos, inquietante para los agricultores pero alentador para los inversores, se disipó.

Además, “las previsiones anuncian precipitaciones par la semana próxima en casi todas las regiones productoras de maíz y soya en Estados Unidos”, agregó Nelson.

El bushel (25 kgs) de maíz para entrega en diciembre, el contrato más activo, operó el viernes a 3.4175 dólares contra 3.580 dólares el viernes pasado (-4,54 por ciento).

El bushel de trigo para setiembre terminó a 4.2525 dólares contra 4.2475 la semana pasada (+0.12%).

El bushel de soya para noviembre, también el más operado, cerró a 9.8825 dólares contra 10.5725 dólares la semana anterior (-6.53%).

En Nueva York, la libra de algodón para entrega en diciembre, el contrato más activo en el Intercontinental Exchange (ICE), terminó el viernes a 72.68 centavos contra 74.28 centavos al cierre de la semana pasada (-2.15 por ciento).

AFP, El Economista

http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2016/07/24/granos-bajan-disiparse-riesgos-meteorologicos

http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2016/07/24/granos-bajan-disiparse-riesgos-meteorologicos

Crecerá 3.5% el PIB agroalimentario: Sagarpa

Filed under: Noticias — cnmaiz @ 9:45 am

En la segunda mitad del año se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) Agroalimentario de México crezca 3.5% lo que representaría alcanzar exportaciones por 30,000 millones de dólares de continuar la tendencia productiva agropecuaria y pesquera que se registra actualmente, lo que se refuerza con el buen ciclo de lluvias que se presenta a nivel nacional, informó el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José Calzada Rovirosa.

Tras la participación en la reunión mensual directiva del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), donde el titular de la SAGARPA afirmó que “hoy somos el doceavo productor de alimentos del mundo y queremos ser el número 11 en dos años, y para lograrlo necesitamos hablar de que el campo es negocio, hablar de que el campo tiene un gran potencial”.

En un comunicado de prensa la dependencia detalló que es indispensable sumar a los jóvenes en este proceso para aumentar su participación en el sector y lo vean como un campo de oportunidades para salir adelante, como un sector dinámico y productivo que ha pasado a ser estratégico en la economía nacional.

“Ya no es solamente lo que producimos y el valor de los productos, sino también que le da empleo a más de siete millones de personas que trabajan particularmente en el sector social en el ámbito productivo del campo mexicano”, subrayó.

El secretario habló ante productores, agroindustriales, legisladores y líderes de organizaciones campesinas, a quienes solicitó la coordinación de acciones entre la dependencia y el CNA con la intensión de identificar las áreas de oportunidad y determinar el potencial que tiene México, así como de utilizar con mayor precisión los recursos públicos que administra, en este caso particular, la SAGARPA.

También un tema importante, agregó, es cómo podemos servir de puente para que exista un diálogo en temas afines con otras dependencias, entre las que se encuentran las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y Economía (SE).

Con respecto a las aplicaciones digitales “SAGARPA PRODUCE” y “SAGARPA MERCADOS” -presentadas la semana pasada-, el funcionario federal puntualizó que su objetivo es empatar al productor con el comprador y, con ello, reducir intermediarios, lo que se podrá realizar con el manejo de información sobre qué puedes producir justo en el lugar donde estás; a quién puedes vender y cuánto cuestan los productos.

“El objetivo es claro: que el productor gane más, y que al consumidor le cueste menos, en medio a veces hay muchas manos que no benefician al productor y que tampoco benefician al consumidor, y no nos benefician como país; además de que nos permite jalar a los jóvenes a un sector que demanda también innovaciones tecnológicas. Eso es lo que estamos tratando de hacer poco a poco en la SAGARPA”, asentó.

En el encuentro, los productores y agroempresarios, encabezados por el presidente de la CNA, Benjamín Grayeb Ruíz, reconocieron los aciertos y avances de la SAGARPA, como el lanzamiento de herramientas digitales, lo que comprueba que el sector es susceptible de innovaciones tecnológicas para su mejor desarrollo y crecimiento.

Acordaron la participación de integrantes del CNA en las mesas de trabajo de la Secretaría para la revisión y actualización de esquemas de comercialización, programas de reconversión productiva y el impulso de proyectos estratégicos con alto impacto social y económico en el centro y sur sureste del país.

PILAR MARTÍNEZ, El Economista

http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/07/24/crecera-35-pib-agroalimentario-sagarpa

 

 

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