El presidente Felipe Calderón tiene listo un decreto que dará paso a la siembra experimental de maíz transgénico en territorio nacional.
Se trata de modificaciones al Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), publicado apenas el pasado 19 de marzo.
El objetivo es dar “mayor certeza a la población” sobre las medidas que impondrá la Secretaría de Agricultura para preservar las 59 razas nativas de maíz que existen en México.
La nueva versión del reglamento contará con un marco jurídico suficiente para resolver las solicitudes de permisos de liberación de organismos genéticamente modificados al ambiente, sin necesidad de que se emita por separado un acuerdo sobre el Régimen de Protección Especial del Maíz.
Desde su origen, el reglamento incluirá en ocho artículos las disposiciones adicionales aplicables al maíz que tienen por objeto proteger las variedades criollas en los aspectos económicos, agropecuarios, de salud humana, medio ambiente, diversidad biológica, sanidad animal y sanidad vegetal.
El texto señala que “no se permitirá la experimentación ni la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado que contenga características que impidan o limiten su uso o consumo humano o animal, o bien su uso en procesamiento de alimentos para consumo humano”.
Asimismo indica que “en los casos en que las autoridades determinen la presencia no permitida de material genéticamente modificado en razas, variedades y parientes silvestres de maíz, deberán establecer medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia”.
Con estas adecuaciones, el gobierno del presidente Felipe Calderón intenta responder a los siete mil 43 comentarios de particulares emitidos durante la consulta pública que realizó la Cofemer durante los meses de abril y mayo.
La mayoría de las observaciones llegaron a través del correo electrónico por parte de la agrupación ambientalista Greenpeace, organizaciones campesinas y la asociación civil AgroBio.
De esta forma, se pone fin a un impasse de siete meses en los que la
administración federal debió publicar el Régimen de Protección Especial del Maíz, considerado como el último paso que debería dar México para entrar de lleno a una nueva era de producción agrícola.
Greenpeace acusó al gobierno federal de “echar mano de recursos ilegales y truculentas estrategias” para eliminar de un plumazo el Régimen de Protección Especial del Maíz.
“Ya sabemos que el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas siempre ha estado dispuesto a manipular e infringir la ley con tal de servir a Monsanto y a otra empresas biotecnológicas. Lo nuevo en este caso es que la Cofemer, en complicidad con la Sagarpa, esté avalando estos procedimientos ilegales”, señaló Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace.
Por su parte, AgroBio México tomó con reserva la decisión del gobierno federal. La asociación civil que agrupa a las principales firmas de biotecnología agrícola indicó que con del decreto que recibió luz verde de la Cofemer no termina la construcción del “andamiaje legal” para la preservación de las razas nativas.
Explicó que Sagarpa y Semarnat tendrán que establecer políticas públicas de fomento y protección a las variedades mexicanas que incluyan subsidios para la conservación de la biodiversidad.
“La buena noticia será que se publique el decreto y que se empiece a dar trámite a las solicitudes de permisos para la experimentación con maíz transgénico”, consideró Fabrice Salamanca, presidente ejecutivo de AgroBio México.
Nuevo Excelsior